ACCION OBLICUA

Se dice que en la acción oblicua se presenta una trilogía procesal, donde participan el demandado (tercero contra el cual se intenta encaminar las gestiones), el accionado (deudor, cuyos derechos van a ponerse en ejercicio), y el accionante (acreedor).

La acción oblicua o subrogatoria está clasificada dentro de los medios protectores de crédito que se clasifican "de integración" y consiste en el poder que el ordenamiento jurídico le atribuye al acreedor para ejercitar los derechos y acciones que le corresponden a su deudor.

Los requisitos para que el acreedor pueda ejercitar los derechos de su deudor son: 1) que las acciones o derechos pertenecientes al deudor y que se van a ejercitar tengan valor pecuniario, distintos de aquellos unidos a la persona como el uso y habitación; 2) que el crédito que pertenece al acreedor y que le permite ejercitar en nombre de su deudor, ya sea exigible; 3) que haya perjuicio al acreedor, en tanto que si el deudor no es insolvente, el no ejercicio de sus derechos no ocasiona perjuicio; 4) que el acreedor haya obtenido la autorización judicial para ejercitar la acción.

La acción oblicua cumple una función conservadora en el sentido de impedir que el patrimonio del deudor se disminuya y  busca hacer valer contra terceros, judicialmente, acciones que corren riesgo de desmejorar o de extinguirse por la incuria o malicia del deudor y que evidentemente disminuyen su patrimonio.

Los derechos ejercitados mediante la acción oblicua pasan a formar parte de los haberes del deudor y por consiguiente fortaleciendo su patrimonio. Así se garantiza lo estipulado en el artículo 981 del Código Civil, en cuanto a que todos los bienes presentes y futuros que conforman el patrimonio de una persona,  responden al pago de sus deudas, excepto los estipulados por ley como inembargables.